Es un proyecto que busca visibilizar la principal problemática que se vive hoy en las cárceles de mujeres. Las estadísticas evidencian que esta población penal ha aumentado desproporcionadamente en comparación con los hombres, siendo la principal causa de encarcelación, el delito de droga. Más allá de entregar cifras, hemos querido contar historias; ¿quiénes son?, ¿cómo participaban?, ¿cuáles fueron sus razones?, ¿cuál es su reflexión?

Las 787 mujeres chilenas condenadas por delito de droga en el año 2016, no sólo sufren la condena de cometer un crimen, sino que también la vida carcelaria y, la más dura, la condena social. Es por esto, que por medio de la presentación de una mirada holística, Renata Ahumada y Camila Pinto -futuras periodistas de la Universidad Diego Portales- han querido visibilizar a estas mujeres invisibilizadas.

Tráfico de Droga: Triple Condena Femenina

En Chile el 55% de la población penal femenina, está encarcelada por delitos de droga viviendo en las trincheras del crimen organizado y todas ellas tienen características similares: gran parte está por microtráfico, tienen hijos, bajos estudios y cometieron delitos no violentos. Ellas son pocas en comparación a los hombres, pero las cárceles femeninas se llenan más rápidamente. La sentencia, la vida carcelaria lejos de los hijos y lo que dice la sociedad, es su triple condena.

Por Renata Ahumada y Camila Pinto

Ellas se dividen en cinco Centros Penitenciarios exclusivos para mujeres (CPF) a lo largo de Chile, mientras otras también comparten espacios en cárceles mixtas -son 49 cárceles en nuestro país-.  Gendarmería se ocupa de suplir las necesidades básicas de las 3.550 mujeres encarceladas, siendo 787 las chilenas condenadas por delitos de droga en el año 2016. Sin embargo, ellas se tienen que conseguir sus utensilios personales como toallas higiénicas o pasta dental, es que “la cárcel es un sistema androcéntrico, desde los servicios, desde la infraestructura...siempre ha tenido una mirada masculina”, asegura Patricia Pérez, ex Ministra de Justicia.

 

Créditos: CC Juanky Pamies

 

Hoy en Chile, las mujeres representan un 8,4% de la población penal general, lo que las convierte en una minoría invisible frente a la cantidad de hombres. “El problema de las pocas olvidadas”, así le llama la criminóloga Marcela Aedo, sin embargo, es la población penal que más crece no sólo a nivel nacional, sino que mundial.

En nuestro país, específicamente desde la promulgación de la última ley de drogas -Ley 20.000- en el año 2005 hasta diciembre del 2016, la población penal femenina creció en un 70%, a diferencia de la masculina cuyo crecimiento fue de 30%.

María Inés Aravena (44), Alejandra Duque (40) y Úrsula Valdés (31), son tres mujeres que formaron parte de estos porcentajes, pero que hoy se encuentran fuera. No es coincidencia que todas entrarán por la misma causa de encarcelación: 55% de ellas por delitos de droga, mientras que los hombres alcanzan un 20,4%.

Sin embargo, al analizar a esta población penitenciaria específica, se revela un problema social mayor, y es que todas ellas son más parecidas de lo que piensan, llegan al encierro por las mismas razones y viven tres tipos diferentes de condenas: la de haber infringido la ley, la separación de sus hijos por ingresar a la cárcel y la exclusión de una sociedad encasillada en los roles de género.

 

Úrsula, Alejandra y María Inés. Tres mujeres, tres testimonios de 787anonimas.

 

Condena Femenina

No es una novedad que la encarcelación genera un incremento de la pobreza por diferentes factores y que este es aún mayor en el encarcelamiento femenino debido al rol de mujer de cuidadora y protectora. El delito de droga es la principal causa de condena, por lo que son sus altas penas, la baja opción de medidas alternativas al encierro y el enfoque de los operativos policiales, que van creando una selectividad penal dirigida a ellas.

El último eslabón de las organizaciones de narcotráfico en su mayoría está compuesto por mujeres que se ocupan de la venta de menudeo en los barrios y poblaciones, debido a que les permite mantenerse en sus hogares y tener cercanía con sus hijos. Según datos de la Fiscalía Nacional, casi en todas las regiones del país, más del 50% de las mujeres encarceladas por delitos de droga, es por microtráfico, a diferencia de los hombres que en la mayoría de las regiones posee porcentajes menores al mencionado.

En los centro penitenciarios, según datos de Gendarmería de Chile del año 2016, son 787 mujeres chilenas condenadas por delito de droga y de ellas el 44% llegó sólo hasta enseñanza básica y un 1,14% no tiene ningún tipo de instrucción.

Además, la gran mayoría son jefas de hogar, según información de Corporación Humanas, y junto con remuneraciones que no alcanzan para mantener a toda una familia, ellas registran siempre índices de vulnerabilidad más extremos que los hombres, por lo que se acercan más al mundo delictual y la venta de drogas se convierte en una opción viable.

Dentro de este grupo de la cárcel que está por drogas, 96,3% de las mujeres que están recluidas son por delitos no violentos, siguiéndole los robos (32,4%) y las faltas -delito de baja magnitud- (10,3%), mientras que en el caso de los hombres, los crímenes no violentos alcanzan un 59%.

Por otra parte, dentro de los altos muros de concreto que rodean las cárceles, el 90% de las mujeres son madres y la mayoría sigue pensando en sus hijos, “esas es una de las cosas que más te mata como mujer, porque no sabes que va a pasar con ellos”, cuenta Alejandra.

La mayoría de ellas son las sostenedoras y cuidadoras, por lo que muchos niños quedan con un futuro incierto, situación muy diferente a la de los hombres, donde generalmente existe un apoyo femenino en la familia cuando éste es encarcelado. Y aquí es donde para ellas empieza su segunda condena: prisión a cambio de familia.

 

Fotografía de la cárcel de San Miguel de Santiago de Chile, donde mujeres internas agradecen el apoyo ciudadano

 

Los niños que quedan fuera son los más perjudicados al vivir la separación de quien era su pilar fundamental, así asegura Joan Navarro, psicóloga de la Fundación en Marcha, entidad que trabaja con los entornos familiares de reclusos. Sin embargo, los efectos del encarcelamiento no se quedan ahí, “los niños que van a centros penales, vuelven y esto al parecer remueve… Volviéndose disruptivos en la sala de clases, generando complejidades”, asegura, refiriéndose al ambiente violento que se vive en las cárceles y los desagradables mecanismos de revisión para poder ingresar, entre los que se encuentra revisión de recto.

Por otro lado, aparecen las consecuencias de la vida sin sus madres. Son cinco años y un día el tiempo mínimo de encarcelamiento para este tipo de delitos, pena equivalente a la del homicidio, según el abogado experto en ley de drogas, Juan Pablo Hermosilla. Esta ausencia genera daños irreparables, mediante un sentido de “no pertenecer”,ya que el cuidador que sigue después de la madre, pareciera no cumplir la tarea y eso genera relaciones complejas en la adultez, afirma la psicóloga.

Finalmente, los antecedentes en la hoja de vida son todo lo contrario al olvido al momento de encontrar trabajo y junto con esto, el haberse distanciado de su rol de madre y de su esencia femenina para delinquir las convierte automáticamente en malas mujeres, asegura Alejandra Ramm, socióloga experta en el tema. Esta es su tercera condena.

 

Créditos: La Tercera.

 

Persecución Callejera

Es la década de los 60’ y en Chile no hay ningún preso por delito de drogas. El Código Sanitario de 1931 deja claras las disposiciones de venta para cualquier tipo de farmacéutico, ya que el concepto de droga no  se incluía en ningún tipo de restricción chilena.

La necesidad se hizo real cuando Estados Unidos llama a la Convención Única de 1961, para instar a los países a generar una política anti-droga, momento en el cual se generó “la costumbre habitual de la comunidad internacional de dar prioridad a los enfoques basados en la oferta, con la convicción de que esto basta para frenar el uso de estupefacientes con fines no médicos ni científicos”, según el ensayo sobre la convención de David Bewley-Taylor.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos internacionales que también tuvieron impacto en la política de droga chilena, según el último informe entregado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre el 2000 y el 2015 las cifras de mujeres presas en la región aumentó en un 51.6%, mientras que los hombres sólo en un 20%.

Esto se hace presente día a día en las calles de nuestro país y este fue el caso de María Inés. En Recoleta, tres funcionarios de la Policía De Investigaciones (PDI) la buscan y saben que en cosa de segundos el recurso del Agente Anónimo de la Ley 20.000 -vecinos y competencia entregan información de ayuda en la investigación anónimamente-, les permitirá dar con la proveedora del barrio.

 

Créditos: Bío Bío Chile.

 

Luego de un par de días dan con su casa, la que es ocupada además por sus 5 hijos. Se revientan las chapas, patean las puertas y María Inés es trasladada al cuartel policial, mientras que sus ex jefes se reagrupan y organizan sin ella.

Es que los financistas, cabecillas de las bandas, son seguidos por los compradores, quienes generalmente se encuentran en el extranjero y tienen el contacto en dicho país para llegar a las producciones, luego viene el burrero que es quien la transporta por la frontera y, finalmente los vendedores a nivel nacional -donde se encuentran la mayoría de las mujeres-. Así lo explica Pedro, funcionario de la PDI, quien agrega que, “en muy pocas oportunidades se consigue detener al financista”.

Desde el punto de vista jurídico, el abogado Juan Pablo Hermosilla indica que “las estadísticas son muy claras, el sistema penal no está dentro de las organizaciones del narcotráfico, no está hecho para golpear a los de arriba, está golpeando sólo a los de abajo”. Además, la Ley 20.000 está siendo cuestionada porque no define el límite entre tráfico y microtráfico, es una norma con penas altas y no apunta a su objetivo inicial: la salud pública.

Esta guerra contra las drogas y sus políticas prohibicionistas no está llegando a su objetivo real, pues el uso de la cárcel lo único que ha logrado es afectar desproporcionadamente a las mujeres, dejando graves consecuencias sociales.

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