Es un proyecto que busca visibilizar la principal problemática que se vive hoy en las cárceles de mujeres. Las estadísticas evidencian que esta población penal ha aumentado desproporcionadamente en comparación con los hombres, siendo la principal causa de encarcelación, el delito de droga. Más allá de entregar cifras, hemos querido contar historias; ¿quiénes son?, ¿cómo participaban?, ¿cuáles fueron sus razones?, ¿cuál es su reflexión?

Las 787 mujeres chilenas condenadas por delito de droga en el año 2016, no sólo sufren la condena de cometer un crimen, sino que también la vida carcelaria y, la más dura, la condena social. Es por esto, que por medio de la presentación de una mirada holística, Renata Ahumada y Camila Pinto -futuras periodistas de la Universidad Diego Portales- han querido visibilizar a estas mujeres invisibilizadas.

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Las mujeres invisibles de América Latina

 

 

Hillary Anderson
Especialista Principal de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

 

 

La exclusión social de las mujeres es una cuestión multidimensional que contribuye a precarizar su inserción y actuación en los ámbitos económicos, sociales y políticos. En el tema de las drogas, operan los mismos sistemas de discriminación y exclusión.  

En las Américas, entre 60% y 80% de las mujeres privadas de libertad lo son por delitos relacionados con las drogas – en su gran mayoría delitos de pequeña escala y no violentos – .  Por lo general, estas mujeres son jóvenes, de bajos recursos socioeconómicos y con poca escolarización. Parten de condiciones de pobreza y marginación donde carecen de oportunidades en la economía formal. En muchos casos juegan un rol protagónico en el mantenimiento de sus familias – son jefas de hogar y madres solteras de hijas e hijos menores – y recurren al microtráfico ante una situación de necesidad económica.

Participan en el comercio o consumo de drogas por varias razones. Hay mujeres con uso problemático de drogas que se dedican a ventas pequeñas y otras actividades ilícitas para sustentar su consumo. Otras están detenidas por introducir pequeñas cantidades de drogas a centros penales. Algunas participan de un negocio familiar y que están asignadas un rol específico dentro de esta estructura. Otras terminan cometiendo delitos de manera inconsciente, como resultado de engaño, o participan como resultado de coerción o violencia de parte de personas conocidas y desconocidas. Finalmente, hay también mujeres que cometen el delito a cambio de una remuneración y de manera consciente, así como mujeres en posiciones de mayor poder e influencia dentro de la cadena del narcotráfico.

Es importante entender la complejidad y la interrelación de factores detrás de la participación de las mujeres en el mundo de las drogas – y de encontrar un equilibrio entre la típica imagen de la mujer como víctima, y un entendimiento realista de su capacidad de decisión sobre su vida. Esta postura es fundamental en cualquier debate sobre la prevención, la proporcionalidad en el abordaje de los delitos de drogas por parte del sector de justicia y la reinserción social y económica de mujeres que han sido privadas de libertad. No todas las mujeres son víctimas, pero en la gran mayoría de casos, la exclusión social pone límites sobre su autonomía y su capacidad de decidir – antes, durante y después del encarcelamiento –.

No todas las mujeres son víctimas, pero en la gran mayoría de casos, la exclusión social pone límites sobre su autonomía y su capacidad de decidir – antes, durante y después del encarcelamiento –.

Una vez que ingresan al microtráfico y otras actividades, las mujeres tienden a quedarse en los eslabones más bajos del mercadeo ilícito de las drogas; su participación es auxiliar en vez de protagónica y rara vez gozan de los “beneficios” del narcotráfico.  El encarcelamiento de estas mujeres – en muchos casos con sentencias más largas de lo que conllevaría un homicidio o una violación – no afecta la magnitud o el impacto del narcotráfico y no contribuye a reducir los niveles de violencia e inseguridad social atribuibles al crimen organizado.

En ese contexto, se redimensiona el tema de la proporcionalidad de la respuesta del sector de justicia a la cuestión de las drogas - es esencial aplicar un enfoque de inclusión social a cualquier análisis de la justicia penal para mujeres detenidas por delitos de drogas-. Hasta ahora, el enfoque ha sido uno de criminalización y de aplicación de medidas punitivas desproporcionadas.

La mujeres sufren una triple condena cuando están criminalizadas por el Estado: i) condenadas del lado jurídico por haber cometido un delito; ii) condenadas del lado social por haber transgredido los límites de comportamiento impuestos por las normas de género y; iii) condenadas del lado económico por tener antecedentes penales que afectan sus oportunidades laborales posterior al período de reclusión.  Adicionalmente, se ha demostrado que el encarcelamiento de madres puede implicar un mayor trauma familiar - incluyendo niños/as que nacen y/o viven en la cárcel con sus madres, institucionalización de niños/as sin otros referentes adultos, mayor estigmatización social y mayor dificultad en recuperar lazos familiares después del período de reclusión.

Todo lo anterior señala una serie importante de medidas legislativas, políticas y programáticas, incluyendo:

-Analizar la situación y fortalecer la recopilación de datos e información desde un enfoque de género y diversidad.

-Fortalecer el enfoque de prevención con base en medios de vida sostenibles para mujeres en situación de riesgo.

-Iniciar reformas judiciales y penales con base en un enfoque de derechos humanos y de género, priorizando la proporcionalidad de las sentencias, las alternativas al encarcelamiento para delitos no violentos y la rehabilitación y reinserción social.

-Generar espacios de reconstrucción de la identidad y el sentido de pertenencia para mujeres privadas de libertad por delitos de drogas.

El abordaje del tema de la reinserción social de mujeres en reclusión pasa por el tema general del empoderamiento – porque se trata de mujeres invisibles, olvidadas debido a la falta de interés social en su bienestar, antes, durante y después del encarcelamiento–. El reto es implementar políticas públicas que posibilitan el pleno ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo de todas las mujeres.

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