Es un proyecto que busca visibilizar la principal problemática que se vive hoy en las cárceles de mujeres. Las estadísticas evidencian que esta población penal ha aumentado desproporcionadamente en comparación con los hombres, siendo la principal causa de encarcelación, el delito de droga. Más allá de entregar cifras, hemos querido contar historias; ¿quiénes son?, ¿cómo participaban?, ¿cuáles fueron sus razones?, ¿cuál es su reflexión?

Las 787 mujeres chilenas condenadas por delito de droga en el año 2016, no sólo sufren la condena de cometer un crimen, sino que también la vida carcelaria y, la más dura, la condena social. Es por esto, que por medio de la presentación de una mirada holística, Renata Ahumada y Camila Pinto -futuras periodistas de la Universidad Diego Portales- han querido visibilizar a estas mujeres invisibilizadas.

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Reformas en Latinoamérica para mujeres

 

 

@Ana Pecova

Directora Ejecutiva de EQUIS Justicia

 

Los delitos de drogas son una de las principales causes de encarcelamiento de mujeres en América Latina. En Costa Rica, las mujeres acusadas por delitos de drogas representan 75% del total de la población carcelaria femenina; en Argentina, Brasil y Perú, son más del 60%, mientras que en el caso de Colombia y México representan 45% del número total de mujeres privadas de la libertad.

En la mayoría de los casos se trata de mujeres pobres, procedentes de comunidades marginadas, a menudo sumergidas en contextos delincuenciales, expuestas desde la infancia a la violencia, al uso de sustancias psicoactivas y a embarazos tempranos. Las mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas suelen ser las únicas o principales cuidadoras de sus hijas e hijos, así como de otros familiares, personas enfermas, adultos mayores y/o personas con alguna discapacidad; y, son enganchadas por su pareja sentimental, algún familiar, o personas cercanas que les prometen ganancias rápidas a cambio de transportar o vender pequeñas cantidades de drogas. Por los roles que desempeñan – cultivadoras y recolectoras, transportistas, vendedoras al menudeo, cuidadoras de puntos de venta o de almacenamiento de drogas, correos humanos o introductoras de drogas a centros de reclusión– ,las mujeres están más expuestas a ser detenidas. Sin mayor consideración a su condición social y la desigualdad estructural de género que las vulnera, estas mujeres son procesadas y juzgadas bajo el mismo marco legal que los líderes de las grandes organizaciones criminales.

"Por los roles que desempeñan – cultivadoras y recolectoras, transportistas, vendedoras al menudeo, cuidadoras de puntos de venta o de almacenamiento de drogas, correos humanos o introductoras de drogas a centros de reclusión– ,las mujeres están más expuestas a ser detenidas"

El sobreuso del derecho penal para resolver problemas sociales ha sido la respuesta dominante en la región, basada en el uso oficioso de la prisión preventiva y las penas desproporcionadas, sin tomar en cuenta las condiciones de involucramiento y los modos de participación de las mujeres en estos delitos. En otras palabras, una política completamente carente de perspectiva de género, que invisibiliza los efectos trascedentes sobre las mujeres y las comunidades.

En respuesta a esta situación, han ido aumentando las voces que buscan promover nuevas estrategias y enfoques más integrales que parten del análisis sobre las condiciones que ponen a las mujeres en situación de vulnerabilidad económica y social, tomando en cuenta el efecto desproporcionado de las penas y promoviendo medidas alternativas que permitan a las mujeres llevar su proceso fuera de la cárcel. Varios países cómo Uruguay, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Argentina, Ecuador, entre otros, han impulsado reformas legislativas cuyo objetivo es evitar la múltiple condena a la que se enfrentan las mujeres acusadas por delitos de drogas. La región ya registra una variedad de buenas practicas que van desde la descriminalización de las drogas, hasta el desencarcelamiento - que puede tomar forma de indultos, derivación a tratamiento o llevar la sentencia fuera de la cárcel. En este sentido, es importante resaltar que la selección de criterios siempre debe guiarse por el principio de proporcionalidad, para lograr respuestas más humanas y más efectivas.

Asimismo, países de la región (México, Costa Rica y Brasil) han sido impulsores de la Resolución para incorporar la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas que fue aprobada el año pasado en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS). La Resolución aboga a favor de medidas alternativas en el caso de mujeres embarazadas y madres, acusadas de delitos menores y no violentos, así como la implementación de las distintas normas de las Naciones Unidas en materia de población en reclusión, especialmente las Reglas de Bangkok. El principal reto para los países de la región ahora es traducir en realidad los acuerdos plasmados en el texto de la Resolución y transversalizar la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas.

Una cosa que no podemos dejar de lado a la hora de diseñar e implementar políticas públicas y legislaciones sobre el tema de delitos de drogas y mujeres, es la perspectiva interseccional. Cuando hablamos de mujeres, no podemos pensar que todas ellas son iguales. Cada una se enfrenta, dependiendo de sus condiciones e identidad -clase, raza, orientación sexual, etnia, entre otras- a discriminaciones y violencias distintas. Es decir, para poder resolver de una manera humana la situación de las mujeres en conflicto con la ley por delitos de droga, se deben analizar todas las intersecciones que impactan en la vida de estas mujeres y hacer políticas acordes. De otra forma, la situación se seguirá abordando de manera superficial y con soluciones que solo ponen parches a problemas estructurales y complejos.

 

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