Es un proyecto que busca visibilizar la principal problemática que se vive hoy en las cárceles de mujeres. Las estadísticas evidencian que esta población penal ha aumentado desproporcionadamente en comparación con los hombres, siendo la principal causa de encarcelación, el delito de droga. Más allá de entregar cifras, hemos querido contar historias; ¿quiénes son?, ¿cómo participaban?, ¿cuáles fueron sus razones?, ¿cuál es su reflexión?

Las 787 mujeres chilenas condenadas por delito de droga en el año 2016, no sólo sufren la condena de cometer un crimen, sino que también la vida carcelaria y, la más dura, la condena social. Es por esto, que por medio de la presentación de una mirada holística, Renata Ahumada y Camila Pinto -futuras periodistas de la Universidad Diego Portales- han querido visibilizar a estas mujeres invisibilizadas.

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Reformas en políticas de drogas en Costa Rica

 

 

Ernesto Cortés

Antropólogo Social. Director Ejecutivo ACEID (Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas)

 

Mientras que en la década de los 70as y 80as del siglo XX la mayoría de los países de América Latina se encontraban en guerras civiles o con gobiernos autoritarios y dictatoriales, en Costa Rica se había abolido el ejército y se ampliaba la cobertura de los servicios estatales de educación y salud pública. Hechos que han marcado las decisiones políticas en materia de control de drogas en el país, y que en relación con el consumo nos han acercado más al enfoque de salud pública, pero que con el tráfico reproducimos el modelo punitivo que impuso el régimen internacional a finales del siglo XX.

Con excepción de Costa Rica, en todos los países de Centro América, la tenencia de pequeñas cantidades de drogas implica una pena de cárcel o sanción económica importante. Desde sus primeras versiones de 1988, la legislación costarricense nunca sancionó con cárcel a una persona por consumir drogas. En este momento, el consumo de drogas, ni la tenencia para consumo personal, conlleva una sanción alguna.

Desde sus primeras versiones de 1988, la legislación costarricense nunca sancionó con cárcel a una persona por consumir drogas. En este momento, el consumo de drogas, ni la tenencia para consumo personal, conlleva una sanción alguna.

Este hecho ha traído ciertas ventajas para las personas que usan drogas en Costa Rica en comparación con otros países de América Latina. De hecho, la única acción posible de las autoridades con una persona mayor de edad usuaria de drogas, debería ser el brindarle acceso a servicios de tratamiento voluntario y gratuito en un centro de salud.  Aun así, en una encuesta realizada a personas que usan cannabis, se comprobó que la mayoría ha sido requisada por la policía (80%), menos de la mitad fue amenazado o agredido y menos de una cuarta parte fue arrestado y encarcelado, habiendo solamente un 1,3% que fue extorsionado. Lo que demuestra que la policía sigue criminalizando a las personas que usan drogas, aunque no lo realice de forma tan arbitraria y desproporcional como sucede en otros países de la región.

La figura de tenencia o posesión para el consumo personal realmente no existe, ya que no se diferencia entre la cantidad, ni el tipo de droga que se decomisa, por lo que no existen umbrales cuantitativos para la portación. Es deber de las fiscalía determinar si existe una intención para la venta o suministro de drogas, para lo que se desarrollan investigaciones policiales encubiertas o mediante la incautación de grandes cantidades por encima de un kilo. Por esto es que las únicas formas de tenencia son aquellas donde un juzgado dictamine que existe una intención de venta o tráfico, lo que también brinda una amplio margen de discreción para los jueces.

Podríamos decir que en el 2015 en Costa Rica no hay ninguna persona encarcelada por consumo o tenencia para consumo personal. Pero también podemos decir que la gran mayoría de las personas encarceladas por delitos relacionados con drogas son vendedores y vendedoras al menudeo de cannabis, cocaína o crack. Muchas de estas son personas jóvenes en edad productiva que se encuentran en los niveles más bajos del mercado ilícito de drogas y que viven en condición de exclusión social y pobreza. La gran mayoría recibieron condenas de cinco u ocho años de cárcel, que son mayores a las de robo agravado o abuso sexual.    

Costa Rica es el cuarto país con la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina, solamente por debajo de El Salvador, Belice y Panamá. Más del 20% de las personas encarceladas en Costa Rica era por delitos relacionados con drogas, porcentaje que llega al 75% entre todas las mujeres encarceladas en el 2011. Esta cifra de mujeres encarceladas ha disminuido en los últimos 2 años gracias a la Ley 9161, que introdujo criterios de proporcionalidad y especificidad de género en la Ley 8204, a partir de la creación del artículo 77 bis. Siendo una de las pocas reformas donde se incluyen atenuantes para disminuir las sentencias de mujeres detenidas por intento de introducción de drogas en un centro penitenciario y que presentaran condiciones de vulnerabilidad social y económica. Hasta la fecha, más de 125 mujeres se han beneficiado con esta reforma de ley.

Aunque Costa Rica puede mostrarse como un buen ejemplo de cómo el gobierno debe aproximarse al consumo de drogas y a las personas que las usan, en cuanto al combate y penalización del narcotráfico es similar o peor a lo que se observa en el resto del mundo (con la excepción de la reforma 77bis). Resulta urgente mostrar las buenas prácticas que se realizan en pro del respeto de las personas que usan drogas, pero también denunciar las arbitrariedades y violaciones que ocasionan las políticas de drogas a los pequeños vendedores, y como estas se utilizan para criminalizar la pobreza, la juventud y a las mujeres.  

 

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